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Sistema Nacional de Conservación PDF Imprimir E-Mail

El Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado (SNASPE) es la principal herramienta con que Chile protege su Biodiversidad, incluir “aunque existen otras muchas figuras de protección de espacios naturales en Chile.

El origen de las primeras Áreas protegidas públicas en Chile data de 1879, cuando se estableció una amplia Reserva de Bosque en la zona andina, entre Concepción y Puerto Montt. A partir de la activa labor de personas como Federico Albert, a comienzos del siglo 20 se impulsó en el país el desarrollo de una institucionalidad para la Conservación de la flora y la fauna.


La Ley de Bosques de 1925 (y su modificación de 1931) incorporó la figura de los Parques Nacionales de Turismo y en 1926 se creó el Parque Nacional “Vicente Pérez Rosales”, el más antiguo de Chile. En 1967 Chile ratificó la Convención de Washington y adoptó las Categorías de protección internacionalmente reconocidas (Parques Nacionales, Reservas Nacionales y Monumentos Naturales). En 1972 se creó la Corporación Nacional Forestal (CONAF), que pasó a administrar las áreas protegidas estatales.

Actualmente, el SNASPE incluye 32 Parques Nacionales, 48 Reservas Nacionales y 15 Monumentos Naturales, que en conjunto cubren sobre los 14,3 millones de hectáreas, representando un 19% de la superficie continental de Chile. No obstante, esta superficie no garantiza todavía la conservación adecuada de todos los ecosistemas y especies presentes en nuestro país.


Tras la promulgación en 1994 de la Ley Nº 19.300 sobre Bases Generales del Medio Ambiente (LBGMA), se amplía la definición de Área Protegida a múltiples figuras de protección terrestres y marinas vigentes en Chile, dependientes de diferentes organismos públicos.


No obstante, a diferencia de las Áreas Silvestres Protegidas (ASP) del SNASPE, no existen mecanismos estandarizados de administración o Manejo para estas figuras. Ello, junto con los problemas económicos, legales y administrativos que enfrenta en el SNASPE, plantea una situación de riesgo para nuestra biodiversidad. Los compromisos adquiridos por el estado de Chile tras la firma del Convenio de Biodiversidad requiere de la urgente revisión del marco legal e institucional de las áreas protegidas.



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